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La entrada en vigor de la suspensión de las importaciones de carne de vacuno y aves de corral procedentes de Brasil ha sido recibida con satisfacción por parte de las principales organizaciones de la cadena ganadero-cárnica española, que consideran la medida un paso decisivo para reforzar las garantías exigidas a los productos alimentarios que acceden al mercado comunitario.
En un comunicado conjunto suscrito por entidades como Anice, Asaja, Asoprovac, Avianza, Cesfac o Upa, el sector reclama a la Comisión Europea que mantenga una posición firme y que la suspensión aprobada mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1189 no se convierta en una medida temporal o puntual.
Las organizaciones sostienen que la decisión comunitaria debe interpretarse como un “punto de inflexión” en la política de control de las importaciones agroalimentarias, especialmente tras las deficiencias detectadas por los servicios de inspección europeos en relación con los sistemas de control brasileños.
Aunque valoran positivamente el veto, los representantes del sector consideran insuficiente limitar la suspensión únicamente al uso de medicamentos antimicrobianos. En este sentido, insisten en que cualquier reapertura de las importaciones debería estar condicionada a que Brasil pueda demostrar de forma “plena, verificable y auditable” el cumplimiento de los estándares europeos.
Además, plantean dos requisitos previos para levantar las restricciones: un refuerzo inmediato de los recursos destinados a los Puestos de Control Fronterizo de la Unión Europea y la realización de una nueva auditoría oficial de trazabilidad que permita verificar el recorrido de los productos desde la explotación ganadera hasta la exportación.
Para las organizaciones firmantes, la medida contribuye a corregir una situación que consideran desigual para los productores comunitarios. Argumentan que los ganaderos e industrias cárnicas europeas operan bajo algunas de las normativas más exigentes del mundo en ámbitos como la seguridad alimentaria, la trazabilidad, el bienestar animal y la sostenibilidad, por lo que las importaciones deberían someterse a los mismos criterios.
Este debate resulta especialmente relevante para la distribución alimentaria, que en los últimos años ha incrementado sus exigencias en materia de calidad, origen y transparencia de los productos. Desde el sector consideran que garantizar la igualdad de condiciones entre productores europeos y terceros países es clave para mantener la confianza de los consumidores y asegurar una competencia equilibrada en el mercado.
Las entidades también han pedido a las autoridades nacionales y europeas una reunión de trabajo para supervisar la aplicación efectiva del veto y conocer cómo se reforzarán los controles en los puntos de entrada a la UE. Según defienden, la medida solo será efectiva si va acompañada de recursos suficientes para garantizar su cumplimiento.
"El 3 de septiembre no puede ser solo una fecha en un reglamento, sino el inicio de una nueva etapa de controles efectivos, trazabilidad real y garantías iguales para todos los productos que accedan al mercado europeo", concluyen las organizaciones
