Empresas Premium
Las leyes cambiantes en el sector del ecommerce, obliga a los negocios de retail que quieran abrir una tienda online o tengan comercios electrónicos a estar pendientes de esta legislación para evitar sanciones que pueden llegar hasta los 600.000 euros.
La transformación digital es una parte cada vez más importante del día a día de las personas. En el sector servicios, son numerosos los empresarios que optan por la apertura del comercio electrónico o e-commerce. Una buena vía de conectar con el nuevo modelo de consumidor, pero todo un reto en lo que a gestión se refiere por un marco legislativo en cambio constante.
“Uno de los aspectos principales que han de tener en cuenta las personas que se embarcan en un e-commerce es la existencia de leyes cambiantes en el sector; y es que el incumplimiento de estas, así como de las obligaciones de la empresa propietaria del comercio digital, puede conllevar grandes multas de hasta 600.000 euros”, advertía Jorge Fernández, abogado y socio de Círculo Legal, este jueves en un webinar organizado en conjunto con el portal especializado Economist & Jurist.
A día de hoy, en pleno 2022, las leyes vigentes a tener más en cuenta en este ámbito son Ley de servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales (LOPD), la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y el C.C.
En lo que respecta a la Ley General de Defensa de los Consumidores, el experto destacó una serie de derechos intrínsecos a todo consumidor digital y que, por lo tanto, todo comercio electrónico ha de respetar. “Destacan aquí aspectos tan importantes como el derecho a una hoja de reclamaciones, el derecho al desistimiento, el derecho a recibir una copia del contrato, el derecho a que utilicen métodos de venta autorizados y sujetos a la legislación vigente o el derecho a recibir una información transparente, correcta, objetiva, cierta y comprensible de todo producto, bien o servicio ofrecido”, detalla Fernández.
Junto a esto, en lo que respecta al apartado puro del e-commerce como empresa, destacan aspectos legales tan importantes como la privacidad de las transacciones, la devolución o precios equivocados, que acostumbran a ser los temas que mayor conflicto generan.
“Aunque, si hablamos de aspectos legales cambiantes, no podemos dejar fuera a las políticas de cookies, que, desde que la Unión Europea presentara su primera directiva a principios de siglo, ha ido sufriendo una serie de modificaciones con cierta periodicidad para garantizar los derechos de los consumidores y evitar que las grandes empresas se aprovechen de sus datos personales y privados”, afirmó Antonio Pastor, abogado y socio de Círculo Legal.
Los principales puntos a tener en cuenta en este aspecto son la obligación a que las cookies sean visibles a primera vista y accesibles, que el usuario ofrezca su consentimiento activo y consciente de las mismas o informar de forma detallada sobre qué supone la aprobación de las mismas y cómo se puede proceder a su desactivación.
“Esta problemática concreta está estrechamente relacionada con la protección de datos”, añadió Pastor, quien también señaló la obligación que tienen los e-commerce de identificar todos los ficheros que contengan datos de carácter personal, así como de elaborar una política de privacidad propia y asegurarse de la correcta inscripción del fichero en el registro de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
“Si alguna empresa no cumpliera con estas obligaciones, o bien el usuario tuviera alguna queja o reclamación, los principales organismos para la resolución de conflictos son, en el ámbito regional, la Agencia Catalana de Consumo, y el Centro Europeo del Consumidor (CEC), a nivel comunitario. Por otro lado, cabe mencionar que estos conflictos podrán resolverse, dependiendo de su naturaleza y envergadura, tanto por la vía judicial como por la extrajudicial, a través de la Plataforma Europea de Resolución de Conflictos en línea”, concluyó.
