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El anuncio del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán da un respiro a toda la cadena agroalimentaria. Desde hace tiempo está sufriendo sobrecostes estructurales que afectan al combustible, a los productos para cuya fabricación se necesitan materias primas dependientes del petróleo (celulosas, polietileno, hojalata…) y a los productos agrarios, que han experimentado sobre costes en los insumos como fertilizantes y otros.
Los meses de incertidumbre por la crisis de Oriente Medio parece que no han encarecido ningún producto alimentario. De hecho, la variación anual del IPC en alimentos y bebidas no alcohólicas se situó en mayo en el 2,2 por ciento, cuatro décimas por debajo de la del mes anterior, según el Instituto Nacional de Estadística. A juicio de Asedas, la asociación representativa del 75% de la distribución alimentaria, este dato demuestra, una vez más, la responsabilidad de la cadena en la absorción de los sobrecostes.
En el caso de las empresas de supermercados y mayoristas de alimentación, la continuidad de la Guerra en Oriente Medio ha seguido sumando costes adicionales. La interprofesional calcula que el precio de la energía alcanzaba a finales de mayo un incremento del 15% desde el inicio de la guerra. A día de hoy, con datos actualizados y previsiones a junio, el sobrecoste del transporte y la energía podría suponer ya un acumulado de 70 millones de euros.
Las empresas de Asedas están preparadas para actuar, como siempre han hecho, como barrera de contención ante los incrementos de costes en todos los operadores de la cadena para garantizar el suministro de productos de primera necesidad a los precios más reducidos posible para los consumidores. A pesar de ello, la situación es muy preocupante ya que la incertidumbre sobre la duración del conflicto y su nivel de incidencia sobre los costes operativos es muy difícil de estimar. Además, se espera el impacto de los llamados efectos de “segunda ronda”, como son el incremento de intereses, alquileres y otros, imposible de cuantificar en estos momentos.
Por último, la situación es también muy delicada en los archipiélagos, muy dependientes del transporte marítimo. Éste ha incrementado sus costes por partida triple: subida del precio del combustible, aumento de los costes de flete y de los servicios portuarios. A mediados del mes de mayo solo los carburantes para el transporte marítimo ya se habían encarecido un 14 por ciento, según la Confederación Canaria de Empresarios. La situación es especialmente seria en las Islas Canarias debido a su condición de región ultraperiférica de la Unión Europea y a su elevada vinculación con el transporte marítimo para el abastecimiento de bienes de primera necesidad; a lo que se añade el efecto de doble insularidad de las islas no capitalinas.
