por Retail Actual 28 de diciembre, 2022
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Las asociaciones que representan a la cadena de valor del gran consumo (Aces, Aecoc, Anged, Asedas y FIAB) entienden que la bajada del IVA de algunos productos básicos y las ayudas directas a los hogares con rentas más bajas contribuirán a aliviar la situación de los consumidores

El anuncio de las medidas anticrisis aprobadas en el Consejo de Ministros celebrado este martes incluyen la rebaja del IVA en algunos productos básicos. Las asociaciones del gran consumo, que venían proponiendo desde hace meses una reducción del IVA de los alimentos, acogen con satisfacción esta medida y mantienen la voluntad de diálogo y colaboración con el Gobierno para paliar los efectos de la inflación.

Las asociaciones que representan a la cadena de valor del gran consumo (Aces, Aecoc, Anged, Asedas y FIAB) consideran que:

  • La rebaja del IVA del aceite y la pasta del 10% al 5% y de los productos esenciales del 4% al 0%, junto a las ayudas de 200 euros para los hogares con rentas menores a 27.000 euros son una buena noticia que contribuirá a limitar el impacto de la inflación el conjunto de la población.
  • Estas medidas tendrán un impacto directo y positivo en el bolsillo de los consumidores y respaldan el compromiso de la cadena agroalimentaria, que desde hace meses está realizando  un esfuerzo extraordinario para amortiguar el fuerte impacto que, sobre los costes de producción y distribución de alimentos,  ha tenido la escalada de la energía y de las materias primas.
  • No obstante, consideran una oportunidad perdida la exclusión de artículos como el pescado, la carne o los yogures de esta rebaja del IVA, ya que los productos frescos forman parte de la cesta básica de los consumidores y son además esenciales en la dieta mediterránea.
  • Las asociaciones lamentan que, junto a las medidas de ayuda a los hogares, no se hayan aprobado iniciativas para evitar nuevos sobrecostes a las empresas. Así pues, la entrada en vigor del impuesto al plástico el próximo 1 de enero supone una amenaza para miles de empresas, especialmente pymes, ya que implica un sobrecoste de 700 millones de euros en un momento de incremento generalizado de los costes de producción. Por eso, consideran que hubiera sido una gran noticia seguir el ejemplo del resto de países de Europa y aplazar su aplicación, al menos, hasta el 2024




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