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Una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el phising ha supuesto un giro radical en la lucha contra el fraude online en España. A partir de ahora, los bancos estarán obligados a devolver el dinero robado mediante técnicas de phishing, siempre que se demuestre que el cliente no ha sido negligente. Jordi Nebot, CEO de Paynopain, qué supone esta sentencia para evitar las estafas online.
Esta decisión del Tribunal Supremo sobre el phsing no solo reconoce el creciente alcance de este tipo de delitos, sino que también refuerza la protección de los consumidores en un entorno digital cada vez más vulnerable.
Según la encuesta ‘Métodos de pago: la decisión definitiva’ de 2024 elaborada por Paynopain, un 61% de los españoles afirma haber sido víctima de intentos de phishing. Este dato, por sí solo, destapa una realidad preocupante. Estamos hablando de ataques sofisticados, que ya no se limitan a correos mal redactados o enlaces sospechosos. El phishing de hoy se camufla en SMS que aparentan ser oficiales, en llamadas telefónicas con datos reales del cliente, e incluso en páginas web casi idénticas a las originales.
La sentencia del Supremo lanza un mensaje claro: el consumidor no está solo. Pero la protección legal también exige una responsabilidad individual. Si bien los bancos deben responder ante fraudes, la devolución del dinero depende de que el usuario no haya actuado con negligencia grave. ¿Qué significa esto en la práctica?
Implica que, ante el más mínimo indicio de fraude -un cargo que no reconocemos, un mensaje inusual de nuestro banco, una transacción no autorizada- debemos actuar con rapidez. Avisar al banco de inmediato es el primer paso, ya que muchas entidades disponen de sistemas para bloquear operaciones si se detectan a tiempo. Documentar todo lo ocurrido, desde capturas de pantalla hasta correos y conversaciones, también será clave en caso de reclamación.
Además, los usuarios deben saber que tienen derecho a que su banco justifique por qué no devuelve el dinero en caso de denegación. Si la entidad alega negligencia grave, debe demostrarlo. La carga de la prueba ya no recae únicamente en el cliente, y eso es un avance importante.
Desde el punto de vista del consumidor, esta nueva situación obliga a estar informado. Pero no solo ellos. Las tiendas online, los marketplaces y cualquier plataforma que actúe como intermediario en el proceso de compra también deben jugar un papel activo. Muchas veces, cuando un usuario sufre un fraude relacionado con una compra, acude primero a la tienda o plataforma antes de contactar con su banco. Es esencial que estos comercios conozcan el proceso y sepan orientar correctamente a sus clientes.
Una formación básica en ciberseguridad, unos protocolos claros de atención al cliente ante posibles fraudes y una colaboración con las entidades financieras son medidas que los comercios deben asumir. No se trata de asumir responsabilidades que no les corresponden, sino de actuar como un eslabón más en la cadena de protección del usuario.
La sentencia del Tribunal Supremo no solo marca un antes y un después en términos legales, sino que también redefine la responsabilidad compartida en el entorno digital. Las entidades financieras deben responder. Los usuarios deben estar alerta. Y los comercios, acompañar. Solo así conseguiremos que el ecosistema online sea un lugar más seguro para todos.
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