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Los servicios de ajuste eléctrico se han encarecido un 778% desde 2020 y un 41% respecto al año pasado. Asedas alerta del impacto de estos costes energéticos sobre la distribución alimentaria, mientras los precios de los alimentos moderan su crecimiento hasta el 2,4%.
Los supermercados españoles se enfrentan a una factura energética cada vez más difícil de contener. Los servicios de ajuste eléctrico supondrán un sobrecoste de 61 millones de euros para la distribución alimentaria en lo que va de 2026, una cifra que eleva el impacto acumulado desde 2020 hasta los 245 millones de euros, según los cálculos de Asedas (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados).
El encarecimiento de la factura energética, unos costes necesarios para garantizar el equilibrio y la estabilidad del sistema eléctrico, resulta especialmente significativo: su precio medio ha pasado de 2,54 euros/MWh en 2020 a 22,3 euros/MWh entre enero y octubre de 2026. Esto supone un incremento del 778% en seis años y del 41% respecto a 2025, cuando se situó en 15,78 euros/MWh.
El impacto es especialmente relevante para los supermercados, cuya actividad requiere un suministro eléctrico constante para mantener la cadena de frío, conservar los alimentos y garantizar el funcionamiento de tiendas y plataformas logísticas.
A estos gastos se suman otros costes operativos, como el transporte, el personal, la climatización y las inversiones destinadas a mejorar la eficiencia energética. Un escenario que obliga a las empresas a realizar un importante esfuerzo para contener sus costes sin trasladarlos directamente al consumidor.
Desde ASEDAS, su secretario general técnico, Felipe Medina, reclama revisar cómo se generan, calculan y trasladan los sobrecostes de los servicios de ajuste eléctrico para detectar posibles ineficiencias sin comprometer la seguridad del suministro. La asociación considera necesario prestar especial atención al impacto que tienen sobre sectores estratégicos como la distribución alimentaria.
Esta presión sobre los costes empresariales contrasta con la evolución del IPC alimentario. Los últimos datos correspondientes a octubre sitúan la inflación de los alimentos en el 2,4%, tres décimas menos que el mes anterior y 2,5 puntos por debajo del IPC general, que alcanza el 4,9%.
Desde Asedas destacan este diferencial como una muestra del esfuerzo de contención que está realizando la distribución alimentaria para limitar la repercusión de los costes sobre los precios finales.
La asociación también advierte de que los efectos derivados de la guerra de Oriente Medio siguen presionando al sector. Según sus estimaciones, los supermercados españoles acumulan más de 145 millones de euros de sobrecostes desde el inicio del conflicto.