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Juan Ángel Martín, director de Comerso Iberia, nos explica cómo España da un paso decisivo en la lucha contra el desperdicio alimentario con la aprobación de una ley ambiciosa que coloca al país entre los referentes europeos en esta materia.
La nueva legislación sobre desperdicio alimentario, avalada por el Congreso y el Senado, obliga a todos los eslabones de la cadena agroalimentaria —desde el productor hasta el punto de venta— a aplicar medidas concretas para prevenir las pérdidas. Y cuando estas no puedan evitarse, deberán priorizar la donación de los excedentes.
Es mucho más que una ley: es un cambio estructural que interpela directamente al tejido empresarial, en especial al comercio minorista, que deberá integrar estos principios en su operativa diaria. La sostenibilidad deja de ser un valor añadido para convertirse en una obligación legal… y en una oportunidad de transformación.
Este texto responde a una urgencia social, económica y medioambiental: cada año, se estima que España genera aproximadamente 4,2 millones de toneladas de residuos alimentarios (datos de Eurostat), mientras que el contexto social es especialmente preocupante. Entidades como la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) alertan sobre el aumento constante del número de beneficiarios, a menudo familias afectadas por la inflación y el encarecimiento de la cesta básica. Según datos recientes de Fesbal, más de 1,2 millones de personas recibieron ayuda alimentaria en 2023, una cifra que sigue creciendo.
Por otro lado, el impacto medioambiental del desperdicio es igualmente alarmante: si el desperdicio alimentario fuera un país, la cantidad de gases de efecto invernadero que genera lo situaría como el tercer mayor emisor mundial, solo por detrás de China y Estados Unidos.
Ante estas cifras, la nueva ley española contra el desperdicio alimentario destaca por su alcance y rigor. Además de exigir planes de prevención a cada actor de la cadena, también prevé sanciones disuasorias que pueden alcanzar los 500.000 euros para los infractores. Los supermercados están incentivados a vender a precio reducido los productos cuya fecha de caducidad se acerca o que presentan defectos estéticos. Las donaciones alimentarias pasan a ser prioritarias, seguidas de la transformación en subproductos y, como último recurso, el uso para alimentación animal o la producción de biocombustibles.
La ley va acompañada de incentivos fiscales: las empresas que donan sus excedentes a organizaciones reconocidas pueden beneficiarse de deducciones directas en el impuesto de sociedades, hasta el 50 % del valor donado, con un límite del 15 % de la base imponible. Pero más allá del beneficio financiero, se trata de reforzar la responsabilidad social de las empresas y poner en valor su compromiso con los territorios y las asociaciones solidarias.
Este marco legislativo se inscribe en la estrategia europea y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 12.3, que busca reducir a la mitad el desperdicio alimentario para 2030. La ley prevé la publicación anual de un informe nacional sobre los resultados obtenidos, lo que permite un seguimiento transparente y una mejora continua de las prácticas. También fomenta la sensibilización ciudadana, la educación para una alimentación sostenible y la promoción de circuitos cortos, productos locales, de temporada y ecológicos.
Para las empresas, esta ley no es solo una obligación, sino que es una oportunidad para innovar, optimizar costes y fortalecer su imagen de marca. Las empresas deben tomar conciencia de su papel en un ecosistema donde la colaboración con el sector asociativo es más necesaria que nunca.
En Comerso Iberia, desde hace más de 12 años ayudamos a las empresas a conectarse con el ecosistema asociativo para transformar sus excedentes en recursos útiles, seguros y trazables, con un impacto directo en su entorno. Nuestra misión es facilitar el proceso de donaciones a las asociaciones y hacerlo viable desde todos los ángulos: social, logístico y también legal. Estamos firmemente convencidos de que la cooperación reforzada con las asociaciones y el auge de la economía circular abren nuevas perspectivas para todo el sector.
Prevenir, medir, donar: la nueva ley española impone una triple exigencia que redefine el modelo económico y ético del sector agroalimentario. Sitúa a España entre los líderes europeos en la lucha contra el desperdicio, recordando que cada actor -empresa, ciudadano, institución- tiene un papel que desempeñar para construir un sistema alimentario más justo, eficiente y respetuoso con el planeta.
Las oportunidades que genera la nueva Ley de Desperdicio
