Empresas Premium
Apromar, la Asociación Empresarial de Acuicultura de España, reclama a la Unión Europea medidas para favorecer la reciprocidad normativa con terceros países y socios no comunitarios para evitar un desequilibrio competitivo respecto al sector de la acuicultura español.
La acuicultura española se ha consolidado como uno de los pilares del abastecimiento de pescado de alta calidad en el mercado nacional. Para garantizar la igualdad de condiciones, Apromar reclama que se apliquen condiciones de reciprocidad a las importaciones procedentes de terceros países y de países europeos no comunitarios, de forma que cualquier producto acuícola que acceda al mercado común europeo lo haga bajo los mismos criterios regulatorios que aplican para la producción de esos mismos pescados en la Unión Europea.
España cuenta con un sólido marco regulatorio para garantizar la seguridad alimentaria y trazabilidad del pescado que llega al consumidor. En este sentido, el Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria (PNCOCA), gestionado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, establece inspecciones periódicas, medidas de bioseguridad para proveer de una trazabilidad integral. Además, la legislación de la Unión Europea obliga a que todos los productos de pesca y acuicultura sean plenamente trazables en todas las fases de la cadena: producción, transformación y distribución.
El pescado importado de terceros países “suele tener costes de producción más bajos debido a regulaciones menos exigentes, entre las que se encuentran las condiciones laborales. Esto afecta a la competitividad de los productores nacionales, quienes deben cumplir con normativas más estrictas para garantizar calidad y sostenibilidad”, señala Ariadna Sitjà Bobadilla, profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), directora del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal y miembro del Comité Científico de Acuicultura de España. “El pescado importado suele producirse en condiciones menos estrictas, lo que genera una competencia desleal para los productores españoles, que operan bajo una de las legislaciones más exigentes del mundo”, añade.
“La trazabilidad juega un papel clave al proporcionar información clara sobre origen y método de producción. Todo el pescado a la venta debe tener visible la etiqueta donde indica su origen, zona de captura, puerto de desembarco, si es de pesquerías o de crianza, etc.”, explica Sitjà. Además, la trazabilidad, que en la UE es obligatoria en todas las fases de la cadena –desde la producción hasta la distribución–, no siempre se garantiza en los productos llegados del exterior.
Sitjà subraya que esta información debería ser clara y accesible para todos los consumidores, algo que actualmente no se cumple de forma homogénea. No obstante, la experta advierte que muchos consumidores “desconocen las diferencias entre el pescado nacional y el importado, o no saben reconocer las etiquetas en las pescaderías y supermercados, o estas no están muy visibles, o tienen una letra muy pequeña”, lo que pone de relieve la necesidad de continuar desarrollando campañas de promoción e información. Por otra parte, las obligaciones de información a los consumidores sobre el pescado en los restaurantes son nulas con la excepción de la presencia de alérgenos.
La defensa del principio de reciprocidad no implica levantar barreras comerciales, sino exigir que las importaciones estén alineadas con los valores y normas que la UE aplica a sus propios productores, especialmente en materia de seguridad alimentaria, sostenibilidad alimentaria, sostenibilidad ambiental y bienestar animal. De hecho, se trata de una medida que contempla el marco de actuación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que reconoce la posibilidad de establecer condiciones de acceso al mercado siempre que estén justificadas por razones de salud pública o medioambiental.
Desde el sector de la acuicultura española se subraya que este desequilibrio es evidente en los intercambios con países de fuera de la UE y también con algunos países europeos que, sin pertenecer al espacio comunitario, exportan pescado a los mercados europeos sin cumplir con todas las condiciones exigidas a los productores comunitarios. Esta excepción normativa debe ser reevaluada para asegurar un trato justo y coherente a todas las partes.
Apostar por una acuicultura nacional exigente y regulada, como la que se practica en España, es también una apuesta por el desarrollo local y la soberanía alimentaria. “Los altos estándares garantizan productos seguros y sostenibles. Además, fortalecen la economía local, y reducen la dependencia de importaciones de países con regulaciones menos estrictas”, concluye Ariadna Sitjà.
El sector acuícola reitera la necesidad urgente de establecer mecanismos regulatorios que aseguren la igualdad de condiciones entre productos nacionales e importados. Solo así podrá asegurarse la calidad del producto al consumidor, garantizar la sostenibilidad ambiental y reforzar la competitividad de un sector que opera bajo los más altos estándares internacionales.
|
