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La cuenta atrás para adaptarse a la nueva Ley de Atención a la Clientela ya ha comenzado. En sectores como la distribución alimentaria y el comercio minorista, donde cada incidencia puede afectar directamente a la confianza del consumidor, la normativa obliga a revisar los modelos de atención y plantea un desafío que combina agilidad, eficiencia y cercanía. Por Luis Miguel Alcedo, RVP South Europe de Cresta.
El círculo de compra en el sector retail no termina en el momento en que el carrito pasa por caja o se hace click. La relación con el consumidor es la clave del sector y es precisamente la atención durante el proceso y la postventa donde la reputación de la compañía es puesta a prueba. Una consulta sobre la disponibilidad de un producto, un error en una promoción, una devolución o un problema con un pedido online pueden condicionar la experiencia de compra y la confianza en una marca. En un sector marcado por la competencia y la frecuencia de las compras, saber responder cuando algo no sale como esperaba el cliente es tan importante como ofrecer un buen producto o un precio competitivo.
La nueva Ley 10/2025, de Servicios de Atención a la Clientela, eleva las exigencias en este ámbito y obliga a las empresas incluidas en su ámbito de aplicación a revisar cómo gestionan la relación con sus consumidores. El plazo para adaptarse termina el 28 de diciembre de 2026. Entre sus principales requisitos, la norma establece que el 95% de las llamadas y de las solicitudes de atención personalizada deben atenderse, de media, en menos de tres minutos. También garantiza que los consumidores puedan solicitar hablar con una persona en cualquier momento y fija un plazo máximo general de quince días hábiles para resolver consultas, quejas, reclamaciones e incidencias.
El mensaje es claro: no basta con responder rápido. Las empresas deben ofrecer una atención accesible y, sobre todo, capaz de resolver los problemas. Su incumplimiento puede acarrear consecuencias económicas y reputacionales, con multas que pueden alcanzar el millón de euros en las infracciones muy graves, sin perjuicio de posibles incrementos vinculados al beneficio ilícito obtenido.
Para las empresas de cualquier sector, pero especialmente de retail, cumplir con estas exigencias implica tener en cuenta la diversidad de situaciones que pueden surgir durante el proceso de compra. Pensemos en un consumidor que realiza su compra semanal por Internet y descubre que varios productos no están disponibles, que se han sustituido por otros que no había elegido o que parte del pedido llega fuera del horario previsto. O en alguien que acude a una tienda porque el precio cobrado en caja no coincide con el anunciado en el lineal.
Son situaciones habituales que requieren algo más que una respuesta automática. Para resolverlas, el equipo de atención puede necesitar consultar la disponibilidad de un producto, comprobar el estado de un pedido, revisar una promoción o coordinarse con el establecimiento y el servicio de reparto. Si no dispone de esa información, el cliente acaba repitiendo su problema o contactando con distintos departamentos hasta encontrar una solución.
Este es uno de los principales retos para el sector: conseguir que los distintos canales y equipos trabajen de forma coordinada. La experiencia del consumidor debe ser coherente tanto si plantea una consulta en el establecimiento, por teléfono o a través de un canal digital. La atención al cliente no puede funcionar de manera aislada; ha de estar conectada con las operaciones, la gestión de inventario y la logística para ofrecer respuestas ágiles y evitar fricciones innecesarias.
En este contexto, la inteligencia artificial puede ayudar a las empresas a gestionar un elevado volumen de interacciones sin renunciar a una atención personalizada. Su aplicación permite automatizar consultas frecuentes, agilizar preguntas sobre pedidos, horarios o disponibilidad de productos y facilitar a los agentes el acceso a la información que necesitan durante una conversación.
Su valor también está en ayudar a identificar problemas recurrentes. Analizar las interacciones con los consumidores puede permitir detectar, por ejemplo, un aumento de las reclamaciones relacionadas con retrasos en las entregas, errores en los pedidos o incidencias con determinados productos. Esta información ayuda a las empresas a actuar sobre el origen de los problemas, en lugar de limitarse a resolver cada reclamación por separado.
Ahora bien, automatizar no significa sustituir el trato humano. La propia normativa garantiza que el consumidor pueda solicitar atención personal cuando lo necesite. Una reclamación compleja, un problema con un producto o una incidencia que requiere valorar las circunstancias concretas del cliente siguen necesitando la intervención de un profesional. La tecnología debe facilitar su trabajo, proporcionándole información y herramientas para responder mejor, no convertirse en una barrera entre la empresa y el consumidor.
La adaptación a la nueva ley representa, por tanto, una oportunidad para que la distribución alimentaria y el comercio minorista revisen sus modelos de atención. Cumplir los tiempos de respuesta será imprescindible, pero la verdadera diferencia estará en la capacidad de ofrecer soluciones, coordinar los distintos canales y aprovechar la tecnología para mejorar la experiencia de compra.
Porque, en un sector en el que la relación con el consumidor se construye día a día, atender bien no es solo una obligación normativa: es una parte esencial del negocio.