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Las bajas por enfermedades o accidentes no laborales (contingencias comunes) en el sector de la distribución alimentaria sumaron 386.687 en 2025, lo que supuso un incremento del 9% respecto al 2024 y del 67% si ampliamos la mirada al año 2018. De estos trabajadores, el 6 por ciento concentró el 49% de las bajas.
Las cifras de bajas por enfermedades o accidentes no laborables en la distribución alimentaria representan dos puntos porcentuales más que el total de la población general protegida por las Mutuas, que, con 6,3 millones de procesos de bajas, experimentó un crecimiento del 7% respecto al año anterior y del 58% respecto a 2018.
Esta es una de las principales conclusiones del Análisis sobre las Bajas Laborales por Contingencias Comunes en el Sector de la Distribución Alimentaria (Ejercicios 2018-2025) presentado esta semana por Asedas (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados) y AMAT (Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo).
El estudio analiza el coste de las bajas laborales en el sector, que fue de 1.180 millones de euros en 2025. De esta cifra, el coste de las prestaciones económicas de la Seguridad Social a cargo de las Mutuas fue de 656 millones de euros (56 por ciento del total) y el coste directo para las empresas ascendió a 524 millones de euros (un 44 por ciento del total). El incremento interanual fue de un 13 por ciento respecto a 2024 y del 155 por ciento respecto a 2018.
Las patologías traumatológicas registradas, para la población protegida por las Mutuas, en el entorno no laboral de la distribución alimentaria son un campo con posibilidades para intentar frenar estas cifras. Así, el análisis apunta a que este tipo de dolencias tuvieron una duración media de 82 días cuando fueron tratadas por los Servicios Públicos de Salud, mientras que las mismas tuvieron una duración media de 45 días cuando fueron tratadas por las Mutuas.
Se registra, así pues, una diferencia de 37 días. Y se estima que el posible ahorro potencial que se generaría si todos los trabajadores hubieran sido atendidos en los centros sanitarios de las Mutuas ascendería a más de 211 millones de euros, de los cuales unos 132 millones de euros serían a favor de las cuentas públicas de la Seguridad Social y otros 79 millones de euros a favor de las empresas.
Preocupa, así mismo, el incremento de los procesos iniciados de las patologías diagnosticadas como trastornos mentales: 31.966 en la distribución alimentaria en 2024, un aumento del 7 por ciento respecto a 2024 y del 113 por ciento respecto a 2018.
Entre los motivos que el análisis apunta de esta escalada de las bajas y su excesiva duración destaca el “laberinto burocrático” existente para su gestión; la falta de médicos en atención primaria y especialistas del Servicio Público de Salud, así como de médicos inspectores del Instituto Nacional de la Seguridad Social; y el incremento de las listas de espera en la Sanidad Pública, entre otras causas.
Por lo tanto, al menos parte de la solución también vendría por facilitar a las Mutuas las correspondientes competencias y recursos de gestión para prestar la asistencia sanitaria integral y el alta médica, al menos, en las patologías diagnosticadas como traumatológicas, osteoarticulares y psicológicas derivadas de Contingencias Comunes. Otras vías para reducir estas cifras pasan por incrementar los recursos sanitarios, revisión de una normativa laboral excesivamente garantista, modular las cláusulas de complementos y una mayor concienciación social sobre la problemática de las bajas laborales.
AMAT desglosa las características de las bajas en función de varios parámetros, como los días de la semana, la edad de los trabajadores afectados y la duración y frecuencia de los procesos. Así, se observa un comportamiento descendente a medida que avanza la semana: los lunes concentraron el 22% de las bajas por Contingencias Comunes y los viernes el 16%; los fines de semana, suman el 10% de las mismas para la Población Protegida por las Mutuas.
El tramo de edad de 16 a 35 años fue el que mayor incidencia media mensual por cada 1.000 trabajadores protegidos por las Mutuas tuvo, en el ejercicio 2025, con 50,66 procesos al mes. Este indicador ha aumentado, en este tramo de edad, desde el ejercicio 2018, un 152 por ciento mientras que, para los trabajadores con más de 55 años, ha descendido un 32 por ciento, situándose en 25,85 procesos al mes.
